Según datos del INDH (del 18 de octubre al 18 de marzo), durante la revuelta social se presentaron más querellas por violencia política sexual que en los últimos 10 años. Estas prácticas constituyen violaciones graves de DD.HH, pues van en contra de las obligaciones internacionales del estado de Chile, su ordenamiento jurídico constitucional y de los mismos protocolos de Carabineros.
Las mujeres, por el solo hecho de manifestarse, tienen más riesgo que los hombres a ser sometidas a alguna forma de violencia sexual. Este es un tipo de tortura y violencia política históricamente utilizada por las fuerzas policiales del Estado como mecanismo de control, miedo y subyugación, principalmente sobre las mujeres y disidencias sexuales.
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