En noviembre del año pasado (2022) entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Este instrumento tiene como objetivo coordinar medidas legales para promover y garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias en el país.
A través de esta nueva ley, el no pago reiterado de las pensiones queda tipificado como violencia intrafamiliar al constituir una forma de violencia económica.
A dos meses de este hito, el registro acumula 14.512 personas deudoras y suma sobre 23 mil millones de pesos. Del total de deudores, un 97% son hombres y un 3% mujeres, dando cuenta una vez más de la desigualdad de género estructural que atraviesa la crianza en nuestra sociedad. Cabe destacar que estas cifras consideran solamente a aquellas personas que han formalizado hasta el momento las pensiones ante Tribunales.
Las pensiones alimenticias tienen como fin último el cuidado de los niños y niñas en nuestra sociedad, y desentenderse de ellas es una vulneración a sus derechos y una clara expresión de violencia de género, como podemos ver en las cifras del Registro Nacional de Deudores de Alimentos.
Como hemos evidenciado anteriormente en ODEGI, Chile es un país marcado por la falta de corresponsabilidad parental y social de la crianza. Es por eso que, en este sentido, avanzar con leyes que responsabilicen a los padres y al Estado, y desfeminicen esta responsabilidad, es prioritario.
Acciones en esta dirección, no solo son fundamentales para hacer justicia histórica para mujeres, niñas y niños, sino que también, para ir acabando con las inequidades estructurales y opresiones patriarcales que enfrentamos día a día.
Fuente: Cifras entregadas desde el Ministerio de la Mujer (2023).