Estos días hemos sido nuevamente testigo de graves vulneraciones cometidas por el Estado chileno contra los DDHH de las personas migrantes. La expulsión colectiva de migrantes -sin evaluación de casos individuales- violenta su derecho a la posibilidad de solicitar asilo y protección de acuerdo a la norma internacional de DDHH y refugio.
Esto no solo evidencia la sistemática desprotección de las personas migrantes en Chile, sino también el catastrófico vacío de datos nacionales para evaluar su situación, proteger sus derechos fundamentales y buscar soluciones integrales de política pública. Desde ODEGI enfatizamos además la enorme brecha de datos de género al respecto y la urgencia de incorporar perspectiva de género en el análisis de la situación migratoria.
Las mujeres y niñas que migran en Latinoamérica se enfrentan a problemas y discriminaciones particulares producto de la intersección entre ser mujeres, migrantes y pobres. Según el Anuario 2019 de SJM, 67% de las personas solicitantes de refugio en frontera chilena fueron mujeres. Este alto porcentaje contrasta con la menor prevalencia de mujeres en quienes logran formalizar efectivamente su solicitud de refugio (41%), y con la población migrante en Chile, donde se estima que las mujeres constituyeron un 49%.
¿Qué ocurre en las fronteras con esta alta prevalencia de mujeres migrantes que luego no logra formalizar su solicitud de refugio ante las autoridades ni ingresa al país como población migrante? No se sabe. La falta de datos dificulta responder con certeza, pero explicaciones de organismos internacionales evidencian una profunda brecha de género: las mujeres tienen menos posibilidades de migrar legalmente, más posibilidades de ser víctimas de trata de personas, más probabilidades de ser transporte de drogas y más probabilidades de viajar con hijas/os menores. Estas explicaciones evidencian desventajas estructurales adicionales que tienen las mujeres migrantes y que funcionan como mecanismos de exclusión y vulneración de derechos.
Urgen políticas migratorias coordinadas que garanticen el respeto irrestricto de los DDHH y que consideren la condición específica de las mujeres en ellas.