Hoy, 30 agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para exigir verdad, justicia y, además, honrar la memoria de las personas que han sido detenidas, ocultadas y reportadas desaparecidas en el mundo. En Chile, esta fecha se conmemora como el Día Internacional del/a Detenido/a Desaparecido/a desde el año 2006, «como un aporte a la memoria histórica y al reconocimiento a las víctimas y a sus familiares” (INDH, 2013).
En América Latina, con la irrupción de las dictaduras militares, la tortura y la desaparición forzada fueron introducidas como medios represivos y sistemáticos de dominación y eliminación de personas opositoras políticas. Estas prácticas se realizaban en el marco de la doctrina de Seguridad Nacional, dando señales de la institucionalización de la violación de los Derechos Humanos en los diferentes países de la región. Si bien no hay una cifra exacta y oficial de la cantidad de personas desaparecidas en América Latina, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) afirma que entre 1966 y 1986 90.000 personas fueron víctimas de esa práctica. Ya algunas personas investigadoras del tema afirman que el número llega a 200.000, miles de las cuales han sido mujeres, quienes sufrieron tipos de torturas específicas como la violencia sexual, interrupción de embarazos de manera forzosa, partos en cautiverio y el robo de sus guaguas.
La desaparición forzada es una estrategia para aterrorizar a la ciudadanía, afectando a las víctimas, sus familias y también a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Sin embargo, a pesar del miedo instaurado por los militares, las agrupaciones de familiares de víctimas, mayoritariamente conformadas y encabezadas por mujeres, dieron la lucha en busca de la verdad y de la justicia por sus hijes, hermanes, amigues, esposes, padres, madres, nietes y compañeres. Las imágenes de mujeres levantado carteles con fotos de sus familiares víctimas del terrorismo de Estado o vistiendo pañuelos bordados con sus nombres han dado vuelta por el mundo, visibilizando y denunciando nacional e internacionalmente las violaciones de derechos humanos que acontecían en países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Brasil, entre otros.
Estas mujeres salieron del papel tradicional que se les ha asignado socialmente y se apropiaron de las calles, rompiendo el silencio y combatiendo el miedo, demandando por el aparecimiento de las víctimas, la justicia por sus vidas y por el derecho a la verdad. Muchas de ellas siguen en la lucha por sus demandas y por el no olvido de estos crímenes. Algunos de los ejemplos más icónicos en la región son las Madres y Abuelas de Mayo y, a nivel nacional, organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mujeres por la vida, quienes han impulsado diferentes marchas y han realizado intervenciones por las ciudades para denunciar lo que ocurría en el país.
30 años han pasado desde el fin de la dictadura en el país y, tal como la mayoría de las experiencias latinoamericanas, la deuda por respuestas y justicia aún persiste. Los procesos de esclarecimiento realizados en los períodos de transición democrática han sido insuficientes en culpabilizar a quienes asesinaron a las víctimas, y a quienes han vulnerado el derecho de sus familiares a la verdad. Asimismo, el reconocimiento de estas mujeres como protagonistas en la lucha por la memoria y la justicia por las personas detenidas y desaparecidas aún está pendiente. Por ello, hoy recordemos las vidas de aquellos y aquellas que no hemos podido encontrar, demandamos la verdad y la justicia por los crímenes cometidos, y agradecemos a estas valientes mujeres por su contribución a la lucha por los derechos humanos en la región.