En 1990, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, fue establecido el 28 de septiembre como el día para debatir y reconocer la necesidad de articular regionalmente la lucha por la despenalización y la legalización del derecho al aborto. Desde este entonces, los movimientos feministas de la región hemos impulsado esa campaña que, a partir del 2011, pasó a ser parte de los esfuerzos de activistas por los Derechos Sexuales y Reproductivos a nivel global y a titularse Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), alrededor de 47 mil personas mueren anualmente debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Otras tantas quedan con secuelas producto de la inseguridad de los procedimientos clandestinos, e incluso algunas llegan a ser criminalizadas o encarceladas. A 31 años de la celebración del 28 de septiembre en América Latina y el Caribe, el derecho al aborto aún está pendiente en muchos países, pese a los diferentes esfuerzos de los movimientos feministas y de progresos en países puntuales. En la región, el conservadurismo y la religión siguen intentando imponerse sobre los cuerpos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay y recientemente Argentina conforman el pequeño grupo de países que permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de plazos establecidos. A ellos se suman algunos territorios de Guyana Francesa y cuatro estados de México (Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz). Este reducido grupo de países representa una excepción a la regla que se extiende por toda Latinoamérica, en donde se impone un abanico de restricciones que nos quintan el poder de decidir sobre nuestros cuerpos. En la mayoría de los países, el aborto solo es permitido en casos muy concretos, como situaciones de riesgos para la salud de la madre o el bebé, violaciones o incestos. Asimismo, en cinco países lo prohíben bajo cualquier circunstancia: República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Debido a esas estrictas legislaciones, según información del Center for Reproductive Rights, 97% de las mujeres latinoamericanas en edad reproductiva vivimos en países con leyes restrictivas del aborto. Sin embargo, que sea prohibido no significa que no ocurra, simplemente aumenta la vulnerabilidad en que se realiza, donde solo tenemos como opción procedimientos clandestinos e inseguros, mermando nuestra salud o corriendo el riesgo de terminar en la cárcel. De hecho, en Chile, se estima que un 99% de los abortos se realizan en clandestinidad. Asimismo, si bien la experiencia del aborto clandestino es compartida entre diversas mujeres adultas, jóvenes, niñas y personas con capacidad de gestar, las desigualdades juegan un rol importante en su seguridad: quienes tienen los recursos, contactos y conocimiento para interrumpir su embarazo suelen tener procedimientos menos riesgosos.
Chile es uno de los países con más restricciones en relación al aborto. Fue tan solo en el año 2017 que se comenzó a permitir la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Sin embargo, tal como hemos demostrado anteriormente en ODEGI Chile, el acceso a este derecho aún sufre diferentes limitaciones. Un ejemplo es la objeción de conciencia de médicos que no quieren realizarlo, lo que implica en la escasez de profesionales para hacer el procedimiento en algunas localidades.
Tanto el proceso constituyente chileno como la discusión del proyecto de ley por la despenalización hasta las 14 semanas, abren posibilidades para asegurar el derecho de todas y todes a la salud sexual y reproductiva, por lo que debemos seguir alzando la voz y demandando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hoy, con la aprobación en general del proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas en la Cámara de Diputadas y Diputados gracias a la ardua lucha del movimiento feminista, estamos un paso más cerca. Desde ODEGI Chile reforzamos nuestro compromiso con la lucha por el derecho al aborto seguro, gratuito y de calidad. Levantemos nuestros pañuelos verdes y gritemos juntas: “Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir”.