Mañana 11 de septiembre se conmemoran 48 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar. Pese a que ya han pasado más de 30 años desde el retorno a la democracia, aún estamos lejos de conocer cuántas fueron las víctimas de la dictadura y cuál fue su historia. Este desconocimiento es especialmente profundo cuando se trata de las mujeres: el miedo al reproche, el pudor, la invisibilización que han sufrido y la vergüenza han hecho que para ellas sea aún más difícil contar su verdad, y hasta el día de hoy se estima que son miles los relatos que aún no conocemos y quizás, nunca podamos conocer.
Los testimonios dan cuenta de cómo las mujeres opositoras a la dictadura fueron doblemente victimizadas. Se les victimizó por haber pensado distinto y por estar en contra del régimen dictatorial, pero también, por ser mujeres y por haberse rebelado a un sistema patriarcal que se negaba a reconocerlas como sujetas políticas. Las violaciones y las torturas sexuales a la que fueron sometidas la mayoría -y probablemente todas- las mujeres que fueron víctimas de la violencia política sexual a manos del Estado, fueron un método sistemático y brutal utilizado para denigrarlas en su condición de mujeres.
La información y los datos que dan cuenta de quienes fueron víctimas de este tipo de tortura son pocos y, en su mayoría, de difícil acceso. En esta publicación exponemos los datos recopilados en el informe de la Comisión Valech II del año 2005, que recibió el testimonio de un total de 35.865 personas, de las cuales 3.399 fueron mujeres (12,5% del total de declarantes). De ellas, 316 dicen haber sido violadas, aunque la misma comisión reconoce que se estima que este número es en realidad mucho mayor. Esta información no es exhaustiva, pero nos acerca a una realidad oculta, dolorosa e invisibilizada ¿Cuántas mujeres fueron detenidas, torturadas y/o asesinadas? No lo sabemos. Como sociedad tenemos una deuda pendiente de organizar y recolectar estos testimonios faltantes bajo una perspectiva de género. Este esfuerzo es necesario no sólo para visibilizar el horror que miles de mujeres vivieron entre 1973 y 1990 en Chile, sino también para hacer justicia y avanzar así hacia la reparación.
Para esto es imprescindible que se rompan los pactos de silencio de autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que fueron parte de estas vejaciones a los DDHH, y que autoridades civiles, el Estado, sus distintos poderes y las propias jefaturas militares actuales, tomen medidas concretas que permitan conocer nueva información conducente a conocer sobre el destino final de las personas detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas y víctimas de torturas y quienes fueron responsables de esos crímenes.
Desde ODEGI creemos que la sistematización, la recopilación y el acceso a estos datos con perspectiva de género son una de las maneras de hacer memoria y poder acceder así a la verdad y a la justicia. El Ministerio de Justicia, el INDH y el Museo de la Memoria son parte de los actores responsables de lograrlo.
Fuente: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2005).